Guillermo Valdés Castellanos
Balance
No hay duda, sería
deseable y conveniente que regresara la sensatez a la política; que se diera
una tregua real; que se rompiera la dinámica de enfrentamiento cada vez más
radicalizado, que los moderados de los partidos retomaran el control, pues
los riesgos de una crisis de gobernabilidad son reales, y sus costos serían
muy elevados no los próximos meses, sino años. Las pocas voces que desde los
partidos (y las muchas desde fuera de ellos) piden serenidad y cordura
debieran ser atendidas.
Sin embargo, para que ello fuera posible sería indispensable, en primer
lugar, un mínimo de autocrítica —ambas partes están absolutamente
convencidas de su punto de vista y creen tener la razón: el PRD y el
lopezobradorismo afirman ser víctimas inocentes de una conspiración, por lo
que la otra parte es la que debe dejar de atacar; el bando foxista asegura
que no ha hecho nada, por lo cual no puede dejar de hacer lo que no está
haciendo— y segundo, mayor madurez política, pues ambos actúan bajo la
consigna de que primero muertos que ceder, pues se trata de conservar o
llegar al poder y ello es más importante que cualquier consideración, como
la de gobernar un país en ruinas.
Como las probabilidades de una tregua son muy cercanas a cero y los
acontecimientos de la semana apuntan a que no existe el menor signo de
conciliación, hagámonos el ánimo de que la lucha política continuará y más
nos vale analizarla desde su lógica real, es decir, desde su crudeza,
evitando las consideraciones éticas, las que por lo visto no les interesan
para nada, aunque ello no significa dejar a un lado las consecuencias de la
guerra.
Para comenzar ese análisis es pertinente tener presente el estado actual de
los contendientes. La ofensiva gubernamental contra la dupla López Obrador-PRD
se encuentra en un momento de gran intensidad; en los seis meses que ha
durado, ha aprovechado varios frentes y ataca desde todos ellos de manera
simultánea. El primero se lo regalaron dos personajes cercanos a López
Obrador, amigos íntimos de los centavos ajenos; fue el frente de la
corrupción, con motivo de los sucios manejos de dinero entre Carlos Ahumada,
Gustavo Ponce y René Bejarano.
Poco tiempo después, el gobierno aprovechó el frente jurídico que le regaló
en bandeja de plata el propio tabasqueño, al pelearse con el Poder Judicial
con motivo del predio El Encino; el desafuero y la inhabilitación lo tienen
no en jaque, sino que en jaque mate. Por si lo anterior no bastara, con la
ayuda interesada del PRI y la avidez de varios gobernadores, se abrió el
flanco presupuestal, ante la desidia de los gobiernos perredistas de
enfrentar el problema de la descentralización educativa.
Así, Andrés Manuel López Obrador tiene razón en decirse atacado. Lo está. En
lo que no tiene razón es en la fabricación de los misiles que le han
mandado; dos son de fabricación autóctona. En el caso del problema judicial,
la autoría es suya; en los ataques con motivo de la corrupción, la creación
estuvo a cargo de sus gentes cercanas. Queda el presupuestal que, podría
decirse, es de creación conjunta entre los gobiernos perredistas, algunos
gobernadores priistas, con el beneplácito gubernamental y panista. Y para
completar el cuadro, sus adversarios aún tienen varios misiles disponibles.
Gustavo Ponce está en poder de la PGR y hay por lo menos dos denuncias más
contra López Obrador en la Procuraduría, cuyas investigaciones pudieran ser
integradas al gusto del gobierno o del procurador.
Es innegable, pues, que la dupla López Obrador-PRD ha estado a la defensiva
desde hace siete meses, y aunque ha ganado algunas batallas, especialmente
la de opinión pública, la cual en su mayoría respalda la teoría del complot
y que lo mantenía hasta agosto pasado en primer lugar de las preferencias
electorales en la contienda por la Presidencia, también hay pérdidas de
consideración.
No sólo se ha reducido a la mitad la ventaja que les llevaba a Roberto
Madrazo y Santiago Creel en noviembre de 2003 (lo cual marca una tendencia
negativa), sino que la encuesta GEA-ISA para Canal 40, dada a conocer en el
noticiario de ayer por Ciro Gómez Leyva, revela que el impacto para el PRD
de la doble toma de la tribuna de la Cámara de Diputados por parte de sus
diputados locales y federales, es bastante negativa. Al inicio de la
encuesta se le preguntó a los ciudadanos si el PRD es un partido que respeta
a las instituciones: 45 por ciento respondió que no y 43 por que sí. Al
final de la entrevista, cuando la gente ya conocía la toma de la tribuna y
reflexionó sobre ello, se le hizo la misma pregunta y los resultados fueron
los siguientes: no respeta las instituciones, 60 por ciento; sí lo hace, 37
por ciento.
Habrá que esperar las próximas encuestas domiciliarias (se darán a conocer
los últimos días de noviembre) para conocer el impacto de estos nuevos
acontecimientos en las preferencias electorales, pero no sería descabellado
plantear la hipótesis de que la contienda presidencial vendrá aún más
cerrada que a fines de agosto, es decir, que López Obrador seguirá perdiendo
algunos puntos. Y esto es crucial porque ante los múltiples ataques en los
frentes abiertos en su contra por el propio el jefe de gobierno y el PRD
(ahora Martí Batres abrió uno nuevo, según nos enteramos por la llamada
telefónica que le interceptaron) la estrategia de defensa —el chantaje— ya
mostró su límite: la amenaza con crear una crisis de gobernabilidad y/o
incendiar el país tendría costos muy elevados que pudieran derrotarlo antes
de llegar a las urnas.
Adelantaron las medidas extremas y no las legitimaron previamente, por lo
cual tendrían que repensar si utilizan la misma argumentación que en el caso
de la reforma al artículo 122: si me perjudicas con alguna medida
legislativa, judicial o de gobierno, me radicalizo y provoco instabilidad
social y política. La gente les daría la espalda. A la pregunta si el PRD es
confiable para gobernar, las respuestas al principio de la entrevista
fueron: no es confiable, 50 por ciento, y al final de la entrevista, 55 por
ciento no lo es; quienes consideran que el PRD no es cercano a la gente
aumentaron de 37 a 47 por ciento.
Dejar constancia de manera tan evidente que el compromiso de Andrés Manuel
López Obrador y del PRD con las instituciones y la democracia es muy frágil,
ha sido uno de los errores más costosos en la lucha por la Presidencia.
Argumentar que la toma de la tribuna de la Cámara de Diputados era el
recurso legítimo de la minoría frente a la “arbitrariedad de la mayoría” y,
por tanto, no era un asunto grave, es una percepción que no corresponde con
el de la mayoría de la población. Dos terceras partes de la población (67
por ciento) considera que haber tomado la tribuna fue un acto grave contra
la democracia y que contó con el respaldo del Gobierno del Distrito Federal,
según la mitad de los entrevistados.
Es hora de que el PRD se dé cuenta que son un problema para ellos mismos y
para el país, mientras no hagan una autocrítica; decir que están en lucha no
basta, tienen que reconocer que la van perdiendo. Sobre las consecuencias de
una lucha política que no tiene ninguna consideración ética (así suelen ser
en la mayor parte del mundo) tendré que hablar en otra ocasión.
