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Publicada en El Independiente el 7 de diciembre de 2003
Joel Ayala, líder con 15 millones de dólares
Gerardo Jiménez
Toda su fortuna se calcula en más de 15 millones de dólares, es uno de los
mexicanos más conocidos en los casinos de Las Vegas, tiene un acendrado
gusto por los caballos pura sangre: es dueño de ocho. Su vida privada se
caracteriza por excesos y excentricidades, su vida sindical es de poderío.
Para sus adversarios Joel Ayala Almeida, quien apenas este jueves fue
elegido por tercera ocasión para dirigir tres años más a la Federación de
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, es el dirigente sindical
que cuenta con la mayor fortuna; en sus 26 años de carrera ha acumulado
riquezas a base de “traición, intrigas y corrupción”.
Originario de San Luis Río Colorado, Sonora, nació el 26 de diciembre de
1946, y fue llevado desde niño a radicar a Tijuana, Baja California. Ahí, en
una escuela secundaria conoció a quien con el tiempo sería Presidente de
este país, Ernesto Zedillo Ponce de León.
Ha mantenido la hegemonía en la burocracia desde 1977, fecha en la que fue
designado secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud (SNTSSA).
Sin embargo, a decir de integrantes del Frente Independiente de Empleados
Públicos, del Sindicato Independiente de Trabajadores de Salud y del Frente
de Resistencia y Anticorrupción, Ayala se erigió mediante un proceso amañado
porque “nunca reunió” el requisito mínimo de 5 años para ocupar un cargo o
una comisión sindical, como lo exige el estatuto del sindicato, y tampoco
está legitimado para ocupar la secretaría general de la FSTSE porque en
octubre de 1999 renunció a su plaza en la SSA.
EL PREDIO DEL IFE
A Ayala se le achacan una serie de irregularidades, pero una de las más
criticadas por el sector laboral es la venta ilícita del predio donde
actualmente se ubica el Instituto Federal Electoral, localizado en la
esquina de Viaducto Tlalpan y Anillo Periférico.
Ese terreno, que también alberga al Centro Deportivo del SNTSSA, fue donado
por la SSA, pero a finales de la década de los ochenta fue vendido en 12 mil
millones de pesos, de ese tiempo, y los beneficiarios de la venta fueron
Joel Ayala Almeida y Rafael Farrera Peña, quien fungía como líder sindical
del sector salud; ambos, a decir de sindicalizados disidentes, recibieron 3
mil millones de pesos por concretar la operación.
Sin embargo, tanto el predio en el que se ubica el IFE como en el del propio
Centro Deportivo “no están regularizados”, por lo que las bases
sindicalizadas piden que la Secretaría de la Función Pública debe realice
una exhaustiva investigación y que la Secretaría de Salud instrumente las
medidas jurídicas correspondientes para su desincorporación.
EL DEPORTIVO
Entre 1988 y 1989 Ayala también se vio beneficiado con la edificación del
Centro Deportivo del Sindicato de Salud.
La construcción de dicho inmueble se hizo con aportaciones de la Secretaría
de Salud de las que resultó beneficiada la compañía Constructora Cososa, SA
de CV, propiedad de Joel Ayala Almeida.
A través de prestanombres, los cheques girados al SNTSSA para este fin,
fueron hechos a nombre de Catarino Rodríguez —ex chofer de Ayala y
presidente el Consejo de Vigilancia del sindicato durante esa gestión—,
quien a su vez los endosó en pago a la constructora, la cual no facturó la
operación, con lo que el dinero terminó en poder del propio Ayala.
Fue Farrera Peña quien recibió la obra, fuertemente criticada por la base
trabajadora porque más bien parecía un club exclusivo para la dirigencia
sindical.
Se dice que la sala de plenos del deportivo tenía aproximadamente 80 metros
de largo por 30 de ancho, con piso de madera. La oficina que estaba
destinada al “líder moral” iba a ser equipada, entre otros lujos, con sauna
y gimnasio; para los demás miembros del CEN del sindicato había un exclusivo
comedor y lujosas oficinas de diferentes dimensiones.
En ese centro deportivo también se construyó un área especial para los ocho
caballos pura sangre propiedad de Ayala, que eran guardados en el Hipódromo
de la Américas en la cuadra de Carlos Riva Palacio, ex gobernador del estado
de México, pero a raíz de un disgusto fueron “sacados violentamente” del
hipódromo.
Estos excesos provocaron una “gran resistencia” de los miembros del Consejo
General del SNTSSA, que inmediatamente solicitaron la práctica de una
auditoría. Al enterarse de este procedimiento, Ayala buscó el consejo y la
ayuda del entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios,
quien —según información de trabajadores disidentes— “citó y presionó” a
Farrera Peña para que en representación del sindicato le cediera a la Segob
ese edificio, porque ahí se levantarían las oficinas del IFE.
Al concluir la auditoría practicada a la constructora, el Consejo General
del SNTSSA encontró muchas irregularidades, como alteración de precios,
falsificación de nóminas y omisión de pago de impuestos. De los hallazgos se
informó al CEN del sindicato, que turnó el caso a la Comisión de Honor y
Justicia, y este órgano propuso la suspensión de derechos sindicales y la
expulsión de Ayala, Catarino Rodríguez y José Luis Martínez Álvarez por
considerar que habían incurrido en graves violaciones al estatuto en agravio
de la agrupación.
Preocupado, Ayala recurrió nuevamente a Gutiérrez Barrios, quien le prometió
librarlo de la expulsión, no sólo a él sino a los demás presuntos
responsables, a cambio de la renuncia voluntaria de su plaza en la SSA, lo
cual hicieron de inmediato en octubre de 1990.
Finalmente, Farrera, acosado por el secretario de Gobernación y presionado
por Ayala —quien lo había impulsado para el cargo de secretario general del
sindicato—, terminó convenciendo a los demás dirigentes del SNTSSA para
acceder a la venta del terreno, que oficialmente quedó valuado en 12 mil
millones de pesos de aquella época, de los que, según versiones de entonces,
Ayala y Farrera recibieron una tajada de 3 mil millones de pesos para poner
punto final al conflicto.
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