Publicada en www.radioformula.com el miércoles 30 de octubre de 2002
Piratería, problema
de seguridad nacional
Por: José Yuste
La piratería adquiere tintes
dramáticos en nuestro país. La piratería forma parte de la economía
informal, la cual funciona como válvula de escape de la poca generación de
empleos del país. Pero cuando la piratería funciona como crimen organizado,
donde sirve de fuente financiera para otros delitos y forma parte de una
estructura que busca derrocar la economía formal, la que paga impuestos y
está establecida, entonces estamos en un serio aprieto.
La PGR ya lo entendió y acaba de tomar cartas en el asunto creando un comité
interinstitucional para combatir la piratería.
Basta ver los datos de la Alianza contra la Piratería, asociación formada
por diez fuertes empresas y asociaciones que sufren el contrabando, venta
ilegal y reproducciones. En cuanto a software, estiman que 56% de las
máquinas de cómputo salen con software Microsoft piratas. En cuanto a
prendas de vestir, hasta 58% es mercancía ilegal. Y respecto a zapatos y
tenis, según Nike por cada par de tenis formales se venden tres ilegales.
La ilegalidad está por matar a las empresas formales. Por eso, la Alianza
contra la Piratería está pidiendo ayuda de manera alarmante. Y su mejor
aliado es el gobierno, sobre todo la secretaría de Hacienda, que busca la
formalidad para recabar mayores impuestos en un país donde muy pocos pagan
la tributación al erario público.
Sin embargo, el crimen organizado de la mercancía ilegal o pirata ha llegado
a tal magnitud, que la PGR está buscando soluciones sobre el tema. No es
para menos. La piratería puede financiar cualquier otra actividad ilícita,
delictiva, al fin y al cabo permanece en la oscuridad. Nadie sabe sus
cuentas ni a quién pertenece.
Estamos hablando de un problema de seguridad nacional.
En México es imposible perseguir la piratería: si una empresa quiere ir
contra una persona, mercado o puesto que vende su mercancía de manera
ilegal, dicha empresa tiene que ir a presentar una denuncia por cada persona
que venda su mercancía ilegal. Imagínese, en un tianguis donde 5-10 personas
pueden vender la mercancía ilegal, a cada una de ellas se les debe levantar
una denuncia, con datos personales. Es imposible.
Debe haber cambios legales para perseguir la piratería. Hoy en día la venta
ilegal goza de impunidad.
Tan sólo vea el caso de la Profeco. La Procuraduría Federal del Consumidor
no puede inspeccionar ninguna mercancía o servicio que se venda en la calle,
y todo lo que es venta ilegal, de contrabando e imitaciones, se vende en la
calle. La Profeco está atada de manos para combatir la piratería.
En México, el principal problema de piratería lo sufre la industria
discográfica. Según la Alianza contra la Piratería, de cada diez discos
compactos que se venden, seis de ellos son piratas.
Lamentablemente tenemos una idea errada de los derechos de autor. Siempre se
dice que existe la piratería porque los productos originales son muy caros.
En algunos productos puede ser cierto, pero aún así cuando se compran copias
falsas no se cuenta ni con garantía, ni con la nitidez del producto
original, y sobre todo, no se tiene la calidad que puede presentar el
original. ¿Cuántas veces hemos comprado productos chinos que se descomponen
en un abrir y cerrar de ojos?
La piratería toma proporciones descomunales en México. Y lo peor: nadie sabe
qué otras industrias delictivas pueden financiarse con este oscuro negocio.
El engendro fiscal,
aprobado por el Poder Legislativo sobre las rodillas y al cuarto para las
doce al cierre de 2001, está haciendo agua.
El escándalo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para
reclamar la devolución de 40 mil millones de pesos, ante los supuestos
recortes por parte del gobierno federal, tiene su origen en el pésimo
cálculo de los legisladores.
El mal llamado recorte al que se refieren los mandatarios de la Conago no es
tal. Los fantasiosos mandatarios, como les llamó el secretario de Hacienda,
Francisco Gil Díaz, no pudieron sostener por mucho tiempo la farsa, pues
tales recursos simple y sencillamente nunca existieron.
El Poder Legislativo en sus acelere para modificar la reforma fiscal que
presentó el equipo de Paco Gil, la convirtió en un engendro que a la fecha
seguimos padeciendo todos los mexicanos.
Los legisladores hicieron modificaciones al vapor y erraron en sus cálculos
y proyecciones, reciclaron impuestos fallidos del pasado reciente y
retardaron la solución de un problema estructural: la definición de un
sistema impositivo para eliminar la severa dependencia que tienen las
finanzas públicas de la factura petrolera.
Como los gobernadores carecen de voluntad y disposición para recaudar ellos
directamente impuestos, porque temen pagar el costo político, ahora no
tienen recursos y utilizan el tema del recorte como pretexto para sus fines
políticos frente a las próximas elecciones.
Por otra parte, los impuestos a las telecomunicaciones y al consumo han
demostrado su ineficacia: en días pasados, un juez dio la razón en primera
instancia a Iusacell, que se amparó ante dicho gravamen; en tanto, un
diputado priísta iluminado propuso la derogación del impuesto suntuario.
En fin, el engendro fiscal está haciendo agua.
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