Publicada en Milenio Diario el 28 de marzo de 2004
El gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas ocultó quebranto de Ponce
En 1998, cuando el hoy prófugo secretario de
Finanzas del DF, Gustavo Ponce Melendez, se desempeñaba como subsecretario
de Egresos en esa misma dependencia, ocasionó un daño patrimonial al erario
de la ciudad por más de 45 millones de pesos, los cuales fueron cobrados por
la Federación al gobierno de la ciudad como recargos por no haberse pagado a
tiempo el Impuesto Sobre la Renta que se retuvo a los funcionarios
capitalinos.
Aunque cada una de las dependencias del gobierno de la ciudad sí retuvo los
impuestos a sus empleados y funcionarios, para posteriormente concentrarlos
en la Secretaría de Finanzas y que ésta, a su vez, realizara el trámite de
pago ante las autoridades federales, durante los primeros nueve meses de
1998 esto no se hizo, lo que obligó al Gobierno del DF, en aquel entonces
encabezado por Cuauh-témoc Cárdenas, a pagar diez millones 771 mil 925 pesos
por concepto de “actualizaciones fiscales”, más 34 millones 518 mil 593
pesos por concepto de “recargos”, cantidades que, sumadas, dan un total de
45 millones 290 mil 528 pesos.
No obstante que dicho acto de negligencia está tipificado como delito en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Público, ni Ponce ni
ningún otro funcionario de la administración fue sancionado.
Además, según funcionarios de la Contraloría capitalina, al ocultarse este
delito se evitó que personal de la administración del priista Óscar Espinosa
Villarreal fueran sancionados por la misma causa, pese a que en aquella
ocasión el monto del daño al erario público fue por más de mil millones de
pesos.
El recuento de los daños
Al recibir los resultados de las auditorías practicadas por la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, las
autoridades del Gobierno capitalino, encabezadas por el perredista
Cuauhtémoc Cárdenas, se enteraron de que sus antecesores habían dejado de
pagar a la Federación el ISR durante casi dos años, por lo que determinaron
iniciar una investigación al respecto.
Así, Roberto Muñoz Leos, quien se desempeñaba como director general de
Auditorías, encabezó la investigación que culminó con la certeza de que
“existe responsabilidad a cargo del Lic. Javier Beristain Iturbide y del CP
Manuel Merino García, secretario de Finanzas y oficial mayor del entonces
Departamento del Distrito Federal, por haber autorizado un quebranto al
erario de la Ciudad de México por la suma de mil 47 millones 157 mil 492
pesos, al signar acuerdo de reconocimiento de créditos y deudas de carácter
fiscal”, según se establece en un oficio emitido el 15 de septiembre de
1998, firmado por Fernando Ortiz Marín, entonces director de Auditoría
Financiera y Operacional “B” y por Yolanda Razo Soriano, que desempeñaba el
cargo de líder coordinador de proyectos “A”.
Este documento establece que “el acuerdo firmado por los funcionarios del
Departamento del Distrito Federal, incluía actualizaciones y recargos que no
se hubieran generado de haberse pagado oportunamente los impuestos objeto
del acuerdo”.
Este acuerdo, señalan los funcionarios de la Contraloría del Gobierno
capitalino, fue firmado el 17 de noviembre de 1997 y en él participaron
Santiago Levy, en su carácter de subsecretario de Egresos de la Federación y
Tomás Ruiz González, quien se desempeñaba como director del Servicio de
Administración Tributaria, además de Javier Beristain y Manuel Merino por el
DDF.
En este acuerdo se establece que el DDF pagaría a la Federación mil 47
millones de pesos por concepto de multas y recargos generados por no haber
pagado a tiempo el ISR.
De acuerdo con documentos en poder de MILENIO, las autoridades del DDF
pagaron, el 28 de noviembre de 1997, mil 874 millones 190 mil 539 pesos a la
Federación, mil 47 por concepto de multas y recargos y el resto por concepto
de ISR.
Las acciones legales
Después de haber comprobado el quebranto patrimonial a cargo de las
autoridades del DDF, Roberto Muñoz Leos, el entonces director general de
Auditoría de la Contraloría General de la Administración Pública del
Distrito Federal, inició un proceso para fincar responsabilidades
administrativas a los ex funcionarios priistas.
En un acta con número de folio CG/DGA/174/98, fechada el 21 de septiembre de
1998, y dirigida a Luis Ramón Irineo Romero, entonces director general de
Legalidad y Responsabilidades de la Contraloría General del DF, estableció
que “vengo a promover el fincamiento de responsabilidades e imposición de
sanciones en contra de los CC. Lic. Javier Beristain Iturbide, CP. Manuel
Merino García, así como quienes resulten responsables, toda vez que se
presumen actos y omisiones contrarios a los principios que rigen a los
servidores públicos, con posible daño al erario del DF por la cantidad de
mil 47 millones 157 mil 492 pesos”.
Para cuando el funcionario de la Contraloría General del DF promovía el
fincamiento de responsabilidades y sanciones en contra de los priistas, por
haber omitido el pago del ISR a la Federación, la administración para la que
laboraba llevaba ya 10 meses de no pagar este mismo impuesto, cometiendo el
mismo delito por el que se pedía que fueran castigados sus antecesores.
Así, la orden llegó y fue muy clara: “Hay que olvidar todo este asunto”.
Héctor Gutiérrez