Publicada en www.mexicoconfidencial.com el 21 de abril de 2004
Razones - Jorge
Fernández Menéndez
La tortuga Bátiz y otras fábulas
políticas mexicanas
La situación
política nacional se descompone demasiado rápidamente sin que los partidos,
todos ellos, parezcan encontrar respuestas que vayan más allá del cortísimo
plazo para tratar de sacar adelante ya no su agenda, sino incluso para
tratar de limpiar, mínimamente, su prestigio.
El Gobierno del Distrito Federal, involucrando con ello a un PRD demasiado
dócil, está embarcado en una increíble operación caracterizada por el más
notorio tortuguismo en las investigaciones de los casos de corrupción del
propio gobierno capitalino y de distintos dirigentes del PRD, que cada día
que pasa logra aumentar la confusión, pero también el descrédito del partido
del sol azteca.
Lo realizado con Carlos Ímaz no tiene nombre: la procuraduría capitalina
tardó 45 días en encontrar algún delito leve del que inculpar al delegado
con licencia de Tlalpan, después de que se viera al ex dirigente del CEU
embolsándose, con menos avaricia que René Bejarano, billetes en las oficinas
de Carlos Ahumada. Pero en la última semana, los funcionarios de la
Procuraduría y el propio maestro Bernardo Bátiz, se extralimitaron en sus
intentos por proteger al esposo de la secretaria de Medio Ambiente, Claudia
Scheimbaum. Durante días el procurador anunció que “venía” la solicitud de
la orden de aprehensión contra Ímaz, cuando aún ni siquiera la había
presentado ante el juez correspondiente; luego se dijo que sería por un
delito grave y que no tendría libertad bajo fianza; pero cuando se presentó
la solicitud de la orden de aprehensión resultó que sólo fue por delitos
electorales, que no constituyen un delito grave, y a Ímaz, apenas ayer, se
le libró la respectiva orden de aprehensión. Obviamente antes tuvo tiempo de
ampararse y, además, no pisará la cárcel. La secretaria Scheimbaum, una
mujer que ha manejado los proyectos viales claves de la administración López
Obrador (a pesar de ser secretaria de Medio Ambiente, no de obras públicas)
fue ratificada en su cargo por López Obrador, a pesar de la investigación en
contra de su pareja, y el propio López Obrador, hasta ahora, no ha efectuado
una sola crítica o deslinde público con Carlos Ímaz, pero mientras tanto
enuncia cada mañana su pregón cotidiano sobre el complot. Como en el caso de
René Bejarano, hasta ahora Ímaz no ha dicho a dónde fueron a parar los
recursos que recibió de Carlos Ahumada, ni tampoco a cuánto ascendieron los
mismos.
Lo mismo pasa con Bejarano: la procuraduría capitalina se apresuró a enviar
el caso a la Cámara de Diputados para solicitar el desafuero y ni siquiera
sigue recopilando información sobre el caso. Ello, a pesar de que existen
numerosas opiniones, incluyendo de legisladores del PRD, que sostienen que
el trámite es inútil porque al haber solicitado licencia a su cargo como
asambleísta por el DF, Bejarano ya perdió el fuero constitucional, ya que el
fuero ampara cargos y responsabilidades, no personas. Por supuesto, la
Procuraduría no ha operado en lo más mínimo contra Bejarano. Tampoco
escuchamos una sola crítica de la procuraduría o del gobierno capitalino
respecto al show montado por el líder de la corriente de izquierda
democrática la semana pasada, incluyendo la exhibición de documentos
bancarios falsos para acusar al directivo de televisa Bernardo Gómez e
incluso a actuales y anteriores dirigentes del propio PRD. Nadie molesta
Bejarano y su esposa, la diputada Dolores Padierna, asegura que el mismo
personaje al que vimos embolsarse miles de dólares, “es un hombre honesto”.
Tampoco avanzan las investigaciones contra Gustavo Ponce Meléndez. Un día sí
y el otro también, el jefe de gobierno insiste en la tesis del complot en su
contra, pero no se molesta en lo más mínimo por investigar e informar sobre
el verdadero y comprobado delito: el de su ex secretario de Finanzas. Hoy ni
siquiera sabemos cuánto se robó Ponce Meléndez de las finanzas del DF y a
dónde fueron a parar esos recursos. Sabemos, sí, de los millones de dólares
transferidos a distintas cuentas, de la compra al contado de un porsche
carrera cero kilómetro con un costo de ciento diez mil dólares, pagado al
contado cuando el salario de ese funcionario era de 50 mil pesos mensuales
(¿tampoco advirtieron eso sus compañeros de gabinete?).
Contra Ahumada llueven truenos y centellas pero lo cierto es que la
procuraduría del DF está a menos de 20 días de agotar el plazo para la
entrega de la documentación para solicitar la extradición del empresario y,
hasta ahora, no ha entregado nada.
No puede ser casualidad: no puede ser que la misma procuraduría capitalina
no pueda avanzar ni en el caso Ímaz ni en el caso Bejarano ni en el caso
Ponce Meléndez, y ni siquiera en el de Ahumada. ¿Alguien puede creer después
de tantos rezagos que no se trata de una acción conciente de tortuguismo
judicial para deshacerse de la parte penal del proceso mientras se intenta
concentrar la opinión en el presunto complot? Ayer mismo Martí Batres,
siguiendo la línea Bejarano, presentó las “pruebas” de la relación del
senador Diego Fernández de Cevallos con el narcotráfico, pruebas que no son
otras que las mismas, ya deslegitimadas legalmente, que Martí había
presentado en el noticiero de López Dóriga hace semanas, y que no son más
que informaciones relacionadas con el caso del banco Anáhuac, una
investigación cerrada hace años por la PGR. La intención es transparente: se
está intentando distraer a la opinión pública del eje de estos escándalos,
que son los casos de corrupción, para distraer con el complot. El problema
es que no tienen elementos nuevos que permitan realizar con éxito esa
maniobra.
Pero nadie debería asombrarse del tortuguismo en el gobierno del DF. Hace
dos años se dijo que si no se cumplía el plazo para el reemplacamiento de
automóviles, habría sanciones y despidos de funcionarios. No pasó nada,
cientos de miles de automóviles siguen sin placas nuevas y si usted compró
un carro y le llegaron sus placas antes de un año es todo un afortunado
ciudadano.