El periodismo es un cuento-Carlos Puig
El lado oscuro de Andrés Manuel
Al jefe de gobierno
del Distrito Federal no le gusta la transparencia. Le encanta hablar,
informar lo que él quiere informar. Le gusta hacer discursos sobre la
transparencia, consentir a los periodistas, (hasta les celebró el 7 de
junio), pero rendir cuentas claras sobre el diario ejercicio de gobernar no
es lo suyo.
Combatió la elaboración y aprobación de la Ley local de Acceso a la
Información. Cuando se aprobó, comenzó una campaña en contra de los
consejeros ciudadanos nombrados por la Asamblea. Acudió a la Suprema Corte
de Justicia para negarse a implementar la ley. Cuando perdió y fue obligado
a instalar el Consejo de Información, recurrió a su amigo y colaborador René
Bejarano para que la Asamblea cambiara le ley en maneras que la hace
inoperante.
Bejarano, sí, el de los videos, como líder de la Asamblea, exigió su
renuncia a los consejeros. Uno de ellos, Leoncio Lara, la entregó. En su
lugar, el gobierno capitalino nombró al Ingeniero Químico Gustavo Velásquez
amigo y ex colaborador de la contralora Berha Luján.
Además, la ley modificada por Bejarano diluyó la fuerza del Consejo de
Información y lo pobló de funcionarios locales para que la mayoría en las
votaciones la tengan los aliados del jefe de gobierno.
Tal obvia es la resistencia del gobierno del DF a la transparencia, que la
Comisión permanente del Congreso Federal, incluidos perredistas, aprobó hace
un par de semanas, un punto de acuerdo que considera que Velásquez “ha dado
muestras de su incapacidad para dirigir dicho órgano”; y lo exhorta a
“conducirse con seriedad y respeto y abstenerse de interferir de manera
perniciosa” en el trabajo de las consejeras ciudadanas.
Los consejeros no tiene oficinas, ni se ha liberado su presupuesto y la
oficialía mayor les ha advertido que no habrá presupuesto para, por ejemplo,
difusión y educación sobre la ley.
El Consejo, que es el órgano donde se recibirán las quejas de aquellos a los
que se les haya negado información, ha decidido reunirse cada dos meses,
aunque la señora Luján quería que fuera cada tres. Y sólo un par de horas
“porque hay mucho que hacer”. Es decir, les vale.
Mediante el clásico recurso del mayoriteo, gracias a los representantes de
AMLO en el Consejo, hoy la ley tiene un reglamento que impone, por ejemplo,
que todo aquel que quiera pedir información tiene que hacerlo por escrito y
personalmente, presentando original y copia de una identificación. La
solicitud se llena enfrente del funcionario que como tiene otras
responsabilidades puede tener un par de horas esperando al solicitante.
Esta semana, Libertad de Información México, LIMAC, presentó un informe de
monitoreo de cómo están funcionando las oficinas encargadas de dar acceso a
la información en el gobierno del DF.
LIMAC denunció actos de intimidación contra los solicitantes y describió
cómo, Raúl Correa, funcionario del gobierno del DF, monitorea, pregunta,
anticipa y en ocasiones desalienta cualquier solicitud incómoda.
Dice el informe: “El hecho de cuestionar al solicitante potencial acerca de
los propósitos personales o institucionales para los cuales se solicita la
información es, per se, un acto inhibitorio y obstaculizante para el
ejercicio del derecho de acceso a la información pública”.
Algunos expertos en estos asuntos han declarado que tal es el desastre del
acceso a la información en la capital que más valdría olvidar lo hecho y
volver a partir de cero.
El acceso a la información pública gubernamental es un derecho de los
ciudadanos, no una concesión graciosa del poder. Las leyes que regulan este
acceso están ahí para obligar a los gobiernos a informar de lo que no
quieren informar. Es arma fundamental en la construcción de la democracia,
en el combate a la corrupción, en los procesos de rendición de cuentas y
control ciudadano de la gestión gubernamental.
Pero Andrés Manuel, el genio de las encuestas, tiene bien medido que su
ataque frontal a los intentos de transparentar su administración no tiene
ningún costo político. Que no hay una masa social demandando ese derecho que
tanto estorba a los gobiernos. Ahora sí que ni una pluma le quita a su
gallo.
Esa opacidad es parte del “proyecto alternativo” que AMLO dice representar.
Junto con su negativa a dar derechos de ciudadanos a las parejas
homosexuales y su opinión respecto al derecho de una mujer a tener un
aborto: “asunto peliagudo” dijo, para evitar fijar posición.
Por eso es que lo atacan la ultraderecha, el yunque y Televisa. Pobre.
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