"Sólo el pueblo me
puede quitar el fuero", arengó López Obrador el sábado en Iztapalapa ante un
contingente de ancianos llevados en autobuses oficiales para echarle porras
al jefe de Gobierno.
“El pueblo pone a los gobernantes y nadie más que el pueblo los puede
quitar”, repitió ayer en su conferencia matutina.
Eso dice la máxima autoridad de la capital del país. Lo que dispongan la
Constitución y las leyes que juró cumplir y hacer cumplir, no rigen para él.
En sus palabras está dicho cuánto le importa el estado de Derecho.
Pero no es sólo desprecio a la legalidad, sino a todo aquello que se cruce
en su camino.
Su ambición de poder es primero.
Si se le atraviesa el Poder Judicial, lo acusa de estar al servicio de los
poderosos.
Si un particular se defiende legalmente contra él, usa a la Procuraduría y
lo mete a la cárcel.
Si un juez le ordena cumplir un amparo, no le contesta sus oficios y
desacata su instrucción.
Si ciudadanos interesados en la cultura y la estética de la ciudad le piden
revisar la costosa y horrible remodelación del Paseo de la Reforma, él los
acusa de estar movidos por fines políticos.
Si le dicen que los secuestros crecen en el Distrito Federal, él descalifica
los datos y dice que es parte del complot contra su persona.
Si le dicen que los asaltos afuera de los bancos se multiplican como plaga,
él le echa la culpa a los banqueros que se enriquecieron con Fobaproa.
Si un periódico demuestra sus errores, lo acusa de faccioso.
Si un colaborador suyo le advierte los riesgos de su desprecio por la ley,
lo corre.
Entre los múltiples documentos que incluye el proceso en su contra por el
desacato a un amparo en el caso del predio El Encino, uno de ellos molestó
sobremanera el jefe de Gobierno.
Le molestó que en el expediente se incluyeran 34 notas y reportajes de tres
periódicos. De ellas, 22 son de Crónica, dijo el jefe de Gobierno y agregó:
“Es evidente que en el periódico Crónica el manejo de la información es
totalmente faccioso”.
Su desprecio al periodismo como instrumento para encontrar hechos verídicos,
lo llevó a equivocarse en el caso de El Encino.
Si hubiera leído sin prejuicios los reportajes de Crónica y visto las
fotografías que aquí se publicaron de maquinaria pesada y obreros en plena
faena a pesar de la orden del juez para detener las obras en El Encino, pudo
haber corregido a tiempo.
No necesitaría amagar ahora con sacar gente a la calle para impedir que lo
desafuere alguien “que no sea el pueblo”.
Lo que aparece en los medios de comunicación no constituye por sí solo una
prueba judicial, pero puede ayudar a conocer la veracidad de un hecho.
Sólo el autoritarismo puede llevar a un gobernante a despreciar el valor
social del periodismo.
A él no le gusta que lo critiquen. No sabe convivir con la crítica. No puede
tener interlocución con sus críticos. Su autoritarismo se lo impide.
Por eso ataca casi a diario a este periódico. Pero si hoy es contra Crónica,
mañana la emprenderá contra otro medio de comunicación. Así es él. Sólo
acepta elogios y aquello que le conviene.
En su relación con los medios únicamente admite aliados de su proyecto
político o patiños instrumentales. No hay más.
Igual hace con sus colaboradores. Si le hubiera hecho caso al director de
Servicios Legales del Gobierno del DF, Carlos Paniagua, tampoco estaría hoy
en problemas con la justicia.
Pero el entonces funcionario dijo algo que no gustó al jefe de Gobierno. En
el oficio DGSL/248/2001, dirigido al director de Servimet —empresa de la
cual López Obrador es presidente del Consejo de Administración—, expuso lo
siguiente:
“No omito manifestar a usted que en caso de no acatarse lo dispuesto por el
juez... se puede hacer incurrir al jefe de Gobierno en una violación a la
suspensión definitiva concedida, lo cual trae como consecuencia que se le
considere como desacato”.
El director de Servicios Legales del GDF agrega: “Hago de su conocimiento
que existe una denuncia en contra del C. Jefe de Gobierno por violación a la
suspensión... en razón a que no obstante la medida cautelar otorgada, al
continuarse con los trabajos para la apertura de la vialidad Avenida Vasco
de Quiroga, se está obstruyendo la entrada al predio de la impretante del
juicio, lo que puede implicar un desacato a lo ordenado por el juez”.
Este documento oficial revela cuando menos tres cosas.
Una: el gobierno de López Obrador fue advertido por su propio encargado de
Servicios Legales que estaba en falta ante el mandato judicial, porque los
trabajos en El Encino continuaron a pesar del amparo.
Dos: el jefe de Gobierno, de manera consciente e informada quiso hacer su
voluntad personal por encima de la ley.
Tres: el hallazgo de ese memorando es obra de la reportera Karyna Soriano,
lo que reivindica al periodismo como instrumento socialmente útil para
conocer la verdad de los hechos.
phiriart@cronica.com.mx
