Atenquenses presionan para manejar toda la negociación
Fuentes cercanas al diálogo entre autoridades federales y ejidatarios
expresaron que se está buscando que los comisariados cedan toda su
representación al Frente Unido por la Defensa de la Tierra para que sea éste
el que conduzca las pláticas con el gobierno.
Los ejidatarios de Atenco y diversas
organizaciones que integran el Frente Unido de los Pueblos por la Defensa de
la Tierra amenazaron y presionaron al comisariado ejidal de Nexquipayac para
que se retire de la mesa de negociación que sostenía con el gobierno federal
a fin de lograr que las autoridades incrementen el precio de las hectáreas
expropiadas.
Este núcleo ejidal es uno de los 10 que han mantenido negociaciones con el
gobierno federal para “pactar” los términos en qué venderían sus tierras
para la construcción del nuevo aeropuerto. Esto pese a que los campesinos no
se han comprometido con las autoridades a vender sus tierras.
Fuentes allegadas a la negociación indicaron que los integrantes del Frente
Unido buscan que los comisariados ejidales de las 13 zonas rurales afectadas
por el acuerdo expropiatorio firmen un documento en donde avalen al Frente
como instancia negociadora máxima en este proceso.
Mientras tanto, las autoridades negaron categóricamente que se haya
cancelado de manera definitiva la construcción del nuevo aeropuerto en
Texcoco, estado de México, ya que primero, aseveraron, se agotará la etapa
del consenso para llegar a acuerdos y luego se definirá si esta obra se
anula, se modifica o cuál será la estrategia a seguir.
Pero puntualizaron que el gobierno federal decidió mantener un receso en las
negociaciones por la visita del papa Juan Pablo II a fin de evitar que este
evento propicie manifestaciones que conlleven un desgaste innecesario.
Respecto a la asamblea realizada entre los ejidatarios de Nexquipayac, las
fuentes comentaron que a este encuentro asistieron ejidatarios de Atenco
encabezados por América del Valle para amenazar y presionar al comisariado
ejidal de esa comunidad para que no acudiera más a las negociaciones con el
gobierno federal y sean otros los interlocutores por parte de los campesinos
con la autoridad federal.
En tanto, Ignacio Burgoa Orihuela, abogado de los ejidatarios de San
Salvador Atenco, advirtió que si el gobierno federal sigue insistiendo en la
construcción del aeropuerto en Texcoco desalojaría por la fuerza bruta a los
campesinos y esto “significaría un detonante para otras lucha de la
República que podría convertirse en una especie de revolución rural, como
sucedió en 1910”.
Así, pidió a sus representados tener calma, porque en estos momentos tienen
“el escudo” de la solicitud de suspensión del decreto expropiatorio, les
pidió que confíen en la institución del amparo y en que las autoridades
apoyarán este recurso constitucional que es la única solución al problema.
Sin embargo, se vio más optimista: “Claro, si el presidente Fox revoca el
decreto, pues muerto el perro se acabó la rabia. Entonces quedarían sin
materia las controversias constitucionales y el juicio de amparo se
sobreseería”.
El profesor emérito de la UNAM ofreció una conferencia en la Facultad de
Derecho de la Máxima Casa de Estudios y ante estudiantes refirió que este 31
de julio pedirá nuevamente a las autoridades federales la audiencia de
pruebas.
Las averiguaciones abiertas
La Procuraduría General de la República y la Procuraduría mexiquense
mantienen abiertas 22 averiguaciones previas en contra de ejidatarios de San
Salvador Atenco y personas vinculadas a las protestas en contra de la
construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad de México, indicó el
procurador de Justicia, Alfonso Navarrete Prida.
Explicó que todas las investigaciones siguen vigentes y que una vez que
concluyan la integración de las averiguaciones podrán ejercer acción penal
en contra de los presuntos responsables.
Además, agregó que han enviado siete desgloses a la delegación de la PGR por
delitos que van desde la obstrucción de vías de comunicación hasta privación
ilegal de la libertad, uso de sustancias para fabricar explosivos, entre
otros delitos de orden federal.
Claudia Hidalgo, corresponsal, estado de México, Norma Jiménez y RocíoTapia