Publicada
en www.cronica.com.mx el martes 16 de Julio de 2002
Rosario pagó aviadores
y empresas fantasma
Elba
Mónica Bravo
La ex jefa
de gobierno capitalino Rosario Robles Berlanga gastó 820 millones 432 mil
500 pesos en Comunicación Social durante el último año de gestión para
difundir su imagen personal, según revela la segunda etapa del Informe de
Auditorías practicadas a la Cuenta Pública de 2000.
Además adjudicó, de manera directa y sin licitar públicamente 50 contratos a
15 empresas por un monto de 412 millones 884 mil 100 pesos, a pesar de que
la ley establece que sólo se pueden otorgar contratos directos por un monto
que no rebase los 70 mil pesos.
Para justificar estas adjudicaciones (que violan la Ley de Adquisiciones) la
Coordinación Administrativa de la Dirección de Comunicación Social argumentó
que "se hace la contratación de todos los medios masivos en base a las
necesidades que se van dando y que aprueban la jefa de gobierno y su grupo
de asesores".
De esta forma, el monto de los 50 contratos adjudicados directamente rebasó
en 363 millones 785 mil 700 pesos el total autorizado para el 2000, por lo
que se violó el artículo 55 de la Ley de Adquisiciones.
Algunas de las empresas beneficiadas con la entrega directa de contratos
fueron: Comercializadora Trivi, SA de CV., con diez contratos por un total
de 50 millones 461 mil 100 pesos; Publicorp, con cinco contratos por 80
millones 759 mil 500 pesos; TV de Mente, (filial de Publicorp), un contrato
por 11 millones 500 mil pesos; TV Azteca, con un contrato por 63 millones
250 mil pesos y Consorcio Mercantil Internacional, SA de CV, con seis
contratos por 35 millones 52 mil 400 pesos.
Sin embargo, la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF reportó "sin
antecedentes de registro" a la empresa TV de Mente, aunque una de las
razones para su contratación fue que "es una empresa líder en el mercado".
Asimismo, la Comercializadora Trivi, SA de CV, no fue localizada en el
domicilio asentado en las facturas con las que cobró al gobierno capitalino
y, de hecho, los vecinos del lugar señalaron que nunca ha existido un
comercio con ese nombre en la dirección señalada. En tanto, la SHCP mencionó
que fue dada de baja un año antes de la prestación del servicio "por no
localizarla desde junio de 1998 además de que no cumplía con sus
obligaciones fiscales".
De los 50 contratos para publicidad, sólo seis corresponden a la
contratación de espacios en medios masivos, mientras que 29 se adjudicaron
para realizar spots, promocionales, grabación de informes y grabación de las
actividades de la entonces jefa de gobierno.
¿De dónde salió el dinero? Para poder pagar su publicidad personal, Robles
redujo el monto de partidas como la Dirección General de Administración
Financiera, de la Dirección General de Empleo y Capacitación y de la
Tesosrería del Distrito Federal.
De esta forma 94 millones 943 mil 900 pesos fueron sustraídos de la partida
de "Becas"; casi 13 millones de la partida de "Instalaciones"; 24 millones
645 mil 700 pesos salieron de la partida para "Impresiones y publicaciones
oficiales"; 41 millones 400 mil pesos provinieron del rubro destinado a
"Estudios e Investigaciones".
Contrató 29 asesores para trabajos que nunca se realizaron
Robles, actual presidenta nacional del PRD, contrató 29 asesores sin que la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa encontrara evidencia
documental de los trabajos que realizaron; es decir, que pagó un salario
mensual a 29 “aviadores”.
Asimismo, adjudicó contratos a tres empresas prestadoras de servicios y pagó
anticipos sin contar con la autorización respectiva.
Uno de los contratos asignados directamente tenía por objeto "efectuar un
estudio a órganos autónomos, pero no se encontró evidencia documental de que
éste se hubiera recibido"; de manera que pagó un a cantidad a una empresa
sin que, a cambio, hubiera recibido un trabajo específico.
En el Informe de Resultados sobre la Cuenta Pública del 2000, la Contaduría
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa verificó la contratación de 227
personas para proporcionar "asesoría y apoyo" en programas y proyectos de la
ex jefa de gobierno; no obstante, algunas de las funciones realizadas por
estas personas contratadas no corresponden a las atribuciones que
supuestamente se les habían conferido.
"No existe evidencia de los trabajos desarrollados por ese personal; no se
cubrió el perfil profesional requerido en el contrato; se realizaron pagos
en contratos que no contaban con el dictamen del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios".
Más aún, se contrató a una persona de origen extranjero, que no tenía
personalidad jurídica para ser contratada, y con 11 personas para efectuar
asesorías sin cumplir los requisitos establecidos en el objeto de los
contratos.
Estos gastos afectaron las partidas 3301 “Asesoría” y 3305 “Estudios e
Investigaciones”, de la cual la exjefa de gobierno sustrajo 41 millones 400
mil pesos y, finalmente, fueron “invertidos” en el rubro 3601 “Gastos de
Propaganda”.
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