Vamos a un resumen de este enredado caso.  El caso se abre en 1989, cuando inicia el proceso que termina en este año.  Durante ese periodo pasaron dos regentes y tres jefes de gobierno, Manuel Camacho, Oscar Espinosa, Cuauhtemoc Cárdenas, Rosario Robles y Andrés López.  Durante el proceso hubo innumerables oportunidades de presentar pruebas para ambas partes para tratar de ganar el caso.  Una vez que la SCJN falla a favor del dueño del predio, el peje de gobierno arma tremendo escándalo ante el bonito argumento de que sus principios no le permiten ser parte de un acto de corrupción como fue este caso y que por tanto, por sus tanates, no va a pagar.  El señor, obviamente, comienza su escandalito en los medios en su madrugadora conferencia matutina en lugar de buscar algún camino legal porque, como he dicho, el peje no defiende el dinero de la ciudad sino que trata de ganar aceptación ante la ciudadanía y en los juzgados no hay cámaras, así que es en los medios donde con toda tranquilidad grita que los jueces son corruptos, que la corte se vendió y demás chulerías que dijo, probaría a la brevedad.  El asunto marchaba sobre ruedas para el peje, ganando espacios en los medios y él, efectivamente distribuyó una serie de papeles diversos donde se comprobaba –según él- que el supuesto dueño del predio –que lo compró en los años 50’s- no existió, que esto era una tranza de una serie de gente abusiva y aprovechada que trataba de estafar a la capital del país, y la gente creyéndole al tipo, quien recurrió a su consabido método de movilizar gente “en apoyo”, hasta que la cosa se le salió del carril. 

Resulta que apareció un documento en el que Marcelo Ebrard, actual Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y hace una década funcionario de gobierno durante la regencia de Camacho Solís, reconoce al ahora negado propietario del terreno en disputa; Ebrad acepta en la mañana en que el documento aparece que el firmó el papelito, pero ¿qué cree?  A la tarde se desdice y denuncia que la firma del documento es falsa –por cierto, que la investigación de esta falsificación la lleva la Procuraduría capitalina y no un experto grafólogo, independiente, valiéndole gorro a la procu ser juez y parte, como siempre y con el predecible resultado de que “la firma si es falsa”, porque hay que encubrirse- .  Estos documentos que fueron verificados y avalados primero por Manuel Camacho y más adelante por otro actual colaborador del peje, Samuel del Villar -el mismo maniaco alcohólico que “investigó” el caso del asesinato de Paco Stanley y que se aferraba a inventar culpables-, también fueron aprobados por sus correligionarios Cárdenas y Robles.  De acuerdo con la ley, todos ellos deben ser investigados por todas las omisiones durante el proceso, pero ¿qué dijo el peje ante la enorme bola de nieve que él mismo lanzó y que se le vino encima?  ¿Ordeno una investigación contra estos colaboradores y compañeros de partido?  No.  Los exoneró de inmediato de cualquier culpa –cual si de Dios omnipotente se tratara- porque los conoce y son personas decentes –dice- y a continuación habló de su intención para traer a los Expos de Montreal a jugar la temporada en nuestro país, uno de sus conocidos buscapiés para distraer la atención cuando algo no le funciona, lo que ahora tampoco le sirvió de mucho, porque el tema sigue en el ojo del huracán.  Llegó al grado que el programa de La Hora Nacional del pasado 19 de octubre lo dedicó a su defensa, con unos locutores que se desgarraban las vestiduras al grito de que “López Obrador puede ser destituido por defender el dinero de todos, como lo prometió desde que llego al gobierno del DF”, con la intención lógica de ganar simpatías de la gente desinformada o desinteresada de lo que es la ley; en el colmo, apareció un avaluó aprobado por el propio Andrés Manuel López Obrador, reconociendo al demandante actual como dueño y aprobando el valor actual del paraje, pero el señor dice que “firmó sin ver”.  ¡Qué fácil!  Resulta también que estos papeles aparecieron por filtraciones en los medios y no habían sido entregados en el paquete “completo” de “pruebas” que el peje proporcionó a los medios.  Esa es la honestidad del peje, honestidad a conveniencia y su aplicación de la ley es selectiva.  Pero ahí no para todo. 

Cuando el peje comprendió con terror que se le hizo bolas el engrudo, el pasado viernes 31 de octubre, a pregunta sobre el caso, pegó un grito para exigir...¡que no se hablara más del caso porque ya era cosa pasada, que era momento de pasar a otro tema!  Para su desgracia y como cereza del pastel, apareció el supuesto heredero que, papeles en mano, exige el pago correspondiente.  López Obrador dice que no paga porque el segundo apellido del difunto dueño no coincide con el de sus “investigaciones”, que aunque lo quiten del puesto defenderá el dinero del pueblo –eso dijo JLP- y otras hierbas para ponerse como mártir.  Solo como observación, creo que la mayor parte de los ciudadanos conocemos a personas que han tenido problemas diversos con sus actas de nacimiento por duplicidad o error en los nombres y no por eso dejamos de existir.  Aquí el asunto no es el apellido, el hecho es que hubo una expropiación de un predio, un predio que tenía un dueño y que fue expropiado, por lo que de acuerdo a lo que marca la Constitución Mexicana en su artículo 27, el dueño debe recibir una compensación por el hecho. 

Y es que el asunto puede ser ciertamente un nido de corrupción, pero esta no es la manera de aclarar una situación ilegal, hay procedimientos legales y el señor lo que pretende es envolverse en el manto de la defensa popular para seguir construyendo su camino al 2006.  Me refiero concretamente a que ante cualquier fallo siempre hay recursos legales, esa es la manera en que deben resolverse este tipo de situaciones, sin embargo para el peje todo es motivo de promoción masiva y argumentos harto chantajistas.  Pero la culpa no es de él si este método le funciona, la culpa es de los medios que difunden todo lo que el tipo hace, sin importar que sean verdaderas barbaridades, como eso de que no paga porque la deuda era de los gobiernos anteriores.  ¡De haber sabido!  Entonces la deuda externa actual es nula, no la debe pagar el actual gobierno porque él no la adquirió.  Eso es ignorancia y estupidez pejelagartesca. 

Podría haber una controversia porque mucha gente dice que si el caso tuvo anomalías, entonces debe investigarse de nuevo para corregirlos, pero debemos entender que esto no funciona así.  La diferencia entre la justicia y la ley es que la justicia es relativa y la ley no, y me refiero en que lo que para alguien puede ser justo, para otro puede no serlo, para eso hay leyes, para establecer –al menos en teoría- las reglas que deben regirnos a todos los ciudadanos por igual en diversas situaciones y en este caso, la ley dice que el tiempo de apelaciones y presentación de pruebas ya pasó y no hay marcha atrás, tuvieron su oportunidad y no la aprovecharon, así que si hay algo que castigar es la ineptitud o la omisión premeditada o no de los funcionarios que tuvieron la oportunidad para presentar estas “numerosas pruebas” en el momento que la ley marcaba, no se les puede exonerar o aplicar una justicia selectiva porque son sus cuates, porque si por en contrario, el caso se abre nuevamente, va a resultar que cualquier hijo de vecina, presidente municipal o gobernador va a negarse a aceptar los fallos de las autoridades porque “no le parecen justos” y va a exigir nuevas indagatorias de manera indefinida hasta que la ley le dé la razón aunque sea por hartazgo.   

Porque una cosa es cierta, que como gobernante, López Obrador y cualquier otra persona en una posición de gobierno debe, ante todo respetar la ley y conducirse por donde marca la ley, esa es su principal obligación.  Hay que recordar que hay muchas fallas en las leyes, pero eso no las invalida.  Si hay leyes obsoletas o defectuosas, se debe pedir a los legisladores –que para eso están supuestamente- que las corrijan, pero el hecho de que las leyes sean incorrectas, no le da validez por sobre todo a nuestras ideas y principios, por muy nobles o bien intencionados que estos sean.  Así que mi querido peje, yo entiendo que pagas, te inconformas acorde a la ley –no ante los medios- y en caso de que el fallo se mantenga y no pagues, te remuevan de tu cargo.  Así de simple, no porque me guste o porque yo lo diga, sino porque así lo establece la ley, ley que juraste cumplir y respetar.  Los usos políticos que les quieras dar a los asuntos de gobierno es otro cantar y muy tu problema.

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