Cortina de humo pensionada.
Hace unos días comentábamos las declaraciones de José López Portillo, el ex-presidente que los últimos años se ha visto involucrado en muchos escándalos concernientes a su vida privada que se ha vuelto pública, en las cuales afirmaba que requería de su pensión para vivir debido a que su situación económica era precaria; el asunto aquí no va sobre la importancia de los montos que se dedican a las pensiones de los cinco ex mandatarios que aun viven, sino en que este asunto está desviando la atención de un verdadero problema: el muy probable o comprobable – según el caso - enriquecimiento ilícito de estos personajes.
Retomamos el tema porque la propuesta para retirar las pensiones de estas personas mencionada por “Jolopo” parece estar tomando forma. De acuerdo a la información manejada estos días sobre el tema, se destinan 260 millones de pesos al año para el pago de pensiones a los ex Presidentes, dentro de lo que se incluyen, bonos, aguinaldo y otros servicios y prestaciones como el pago a sus auxiliares y personal de seguridad con rango militar, así que haciendo cuentas resulta que los señores reciben de manera directa e indirecta más de cuatro millones de pesos al mes. Consideremos también que solamente uno de estos ex funcionarios tiene otros ingresos producto de su trabajo y me refiero a Ernesto Zedillo, el resto vive de sus rentas – y miren que las tienen -. Se pretende, como apuntamos anteriormente, eliminar estas pensiones o reducirlas significativamente, sin embargo, me parece que el verdadero problema no viene por ahí.
Tomemos en cuenta lo que significa llegar a ocupar la silla presidencial en México. Es el máximo nivel al que puede llegar un funcionario público, después de ahí no hay nada en el servicio público, porque dudo que algún ex Presidente acepte incorporase posterior a su mandato a un trabajo como Secretario o Subsecretario de Estado, como que no sería una buena imagen inclusive para el país. Comentaba también en días pasados que me parecía – y me sigue pareciendo – injusto que estas pensiones se equiparen al ingreso del Presidente en funciones y que deberían ajustarse hacia abajo, sugiriendo incluso un monto mensual de 50 mil pesos mensuales y el sostenimiento de sus servicios de seguridad, aunque en honor a la verdad, cuando se revisa el monto presupuestal anual general para este país, los 260 millones de pesos se convierten en una cifra minúscula en toda la extensión de la palabra, un monto que no hace, por así decirlo, una diferencia importante para bien o para mal del estado, pero aún así esta situación nos estaba desviando de un asunto que sí es importante y que si hace una diferencia.
Reconozcamos que muchas veces los comentarios acerca de otras personas son basados en la simpatía o antipatía que por ellos sentimos y me parece que en este caso los señores que proponen el retiro de las pensiones se están dejando llevar por su aversión e inclusive posiblemente por la envidia – después de todo a los legisladores no se les pensiona -. Señores, no hay que fijarse en estos detalles, porque estos montos se convierten en eso, pequeños detalles, si se les compara con otra situación que genera sospecha hacia varios de estos hombres: el posible enriquecimiento ilícito durante su gestión.
A manera personal les diré que nadie me quita la idea de que al menos dos de estas personas se beneficiaron de su posición como máximo lider del país de manera alarmante: José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari. No estoy diciendo que Luis Echeverría, Miguel de la Madrid o Ernesto Zedillo sean unas blancas palomas, pero nunca llegaron al nivel de descaro de los dos primeros, quienes a los ojos del país y del mundo se beneficiaron y enriquecieron junto con sus familias. Que no venga Portillo a decir que está en quiebra y que no se enriqueció, nada más que diga cuanto costo la famosa colina del perro, sus “arreglos” para obtener jugosas ganancias de contratos petroleros y la colocación de sus amigos en puestos claves; de Salinas hay muy poco que decir, simplemente dejó al país en quiebra. Aquí, señores legisladores, es a donde deben enfocar sus esfuerzos, al deslinde de los delitos del pasado, a fincar responsabilidades, castigar a culpables y recuperar bienes y capitales mal habidos. No se fijen en pequeñeces que pueden bien ser un derecho ganado, conviene que averigüen por este lado, que se termine con la idea de que el servicio público se convierte en una mina personal y sobre todo, es necesario instrumentar mecanismos para que como parte del castigo a quienes se encuentren culpables de esta situación no solo se les inhabilite o se les cobren multas, sino que además de ser encarcelados se les retiren todos sus bienes y capitales – como la cuenta suiza de inversión de Raúl Salinas – para reintegrarlos a la sociedad como servicios o beneficios. Esa sería una diferencia, esa sería una buena forma de demostrar que les importa el país y su sociedad y también una muy buena manera de lavar un poco su ya de por sí denigrada imagen.
Es solo una sugerencia y un punto de vista meramente personal.