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La calle-Luis González de Alba
Represión o fuerza necesaria
Publicada el 14 de
junio de 2004
Los gobiernos mexicanos, del nivel que sea, en estos años de democracia no
han logrado aprender la diferencia entre reprimir y aplicar la fuerza del
Estado en el nivel que cada situación exija. Del último ejemplo todos fuimos
testigos en días pasados: entre los manifestantes contra la Cumbre de jefes
de Estado y de gobierno realizada en Guadalajara, una minoría belicosa no
tan pequeña decidió atacar a los policías que les cerraban el paso.
Emplearon palos, piedras, fuego y hasta las propias barreras metálicas, que
levantaron y lanzaron sobre la cabeza de los policías. Fue pasmoso ver que
éstos se limitaran a levantar sus escudos, a esconder las piernas
desprotegidas cuando se las golpeaban con varillas y palos blandidos por
debajo de los escudos, a protegerse de un bote de espray convertido en
soplete cuyo fuego les dirigió al menos un manifestante. Y no respondieron.
Los policías tenían todo el derecho y no lo hicieron. Era el momento preciso
para actuar, no sólo en defensa propia, como concede la ley a cualquier
persona, sino para imponer orden; responder con la fuerza necesaria para
defenderse, dispersar a los atacantes y evitar el asalto de comercios y el
vandalismo contra la ciudad. Fuerza necesaria.
Hay equipo antimotines que lanza chorros de agua a presión, hay gases
lacrimógenos que dispersan a quienes atacan comercios, los roban o los
destruyen por el simple gozo del vandalismo frenético. No se emplearon.
Pero cuando los atacantes ya se habían dispersado, los mandos policiales
dieron la peor
orden: “¡Encuéntrenlos y deténganlos!” ¡Si los habían tenido enfrente!
¿Quién habría levantado la voz para defender el derecho de los manifestantes
a quemar policías, a golpearlos con barreras de hierro?
Policías enfurecidos por horas de acoso, golpes, insultos e impotencia,
salieron luego como carritos de fricción, como perros azuzados para la
pelea, a buscar por las calles a sus atacantes. De memoria, a ojo de buen
cubero les pareció sospechoso todo joven de negro, pelón o greñudo, con
arete o con tatuaje, con morral o con mirada inconveniente. Y, habiendo
tenido la razón y la ley de su parte, se deleitaron descargando su contenida
(y explicable) furia sin otra guía que la indumentaria o el aspecto:
represión en vez de fuerza necesaria. No cayeron los que lanzaron barreras
de metal sobre las cabezas de los policías ni quien intentó quemarlos con un
lanzallamas improvisado ni los muchos que les acertaron buenos palos por
debajo de los escudos de plástico, sino quienquiera que se les pareciera. Y
ya detenidos, descargaron sobre ellos el rencor, no la ley, la venganza del
humillado, tomaron represalias y se pagaron la vejación en pocos culpables y
muchos inocentes detenidos al azar de la apariencia o de la juventud.
O sea, hicieron los jefes policiacos tapatíos como los complotistas contra
López Obrador: cuando ya lo tenían cogido de por allá con las pruebas
fehacientes de la corrupción en su gobierno, lo dejaron ir por atacar con la
más esmerada torpeza. Y ya se proclama héroe. Similar fue lo ocurrido: los
policías perdieron su oportunidad de responder cuando tenían enfrente a los
culpables, sin duda ni búsqueda alguna: frente a ellos, atacando, gritando,
y se tomaron desquite en quien pudieron.
El libre tránsito. Ahora nos vienen a decir, como si fuéramos asnos, que la
policía impidió el derecho constitucional al libre tránsito cuando cerró
calles céntricas de Guadalajara para seguridad de los jefes de Estado y de
gobierno reunidos un par de días (la poca utilidad de esos cónclaves sería
otro asunto). La autoridad, porque en ella hemos depositado los ciudadanos
la administración de la ciudad, puede hacer lo que a un particular se le
prohíbe: pintar las rayas del pavimento, desviar el tránsito, excavar para
meter drenaje y, por supuesto, cerrar las calles cuando un trabajo lo exija.
Para eso la elegimos.
Pero también fueron elegidas las autoridades para imponer el orden y hacerlo
siguiendo
las normas legales del caso. No lo han hecho. No lo hacen nunca: o no lo
intentan o lo hacen mal. En la capital de la República han desfilado
impunemente grupos armados, el pillaje ha sido la constante de toda
manifestación y los gobiernos federal y local se acusan mutuamente de
inacción. La delincuencia alcanza en el país impunidad total en 98 por
ciento de los casos. La gente prefiere no denunciar los delitos porque
hacerlo es engorroso, un fastidio y, sobre todo, inútil. La policía huye
ante los delincuentes y se encarniza con el inerme. Pierde el respeto
ciudadano en ambos casos, cuando no hace y cuando hace, cuando le pegan y
cuando pega. Actúa siempre en el momento equivocado y contra las personas
equivocadas.
Parece que no hay remedio: bajo cualquier partido, cualquier signo
ideológico, cualquier nivel de gobierno, las autoridades son incapaces de
actuar cuando deben, con las limitaciones de ley y, sobre todo, con
eficacia. El hampa se abastece de policías, despedidos y en activo; la
policía busca sus efectivos en el hampa menor. Por decenios las autoridades
olvidaron el entrenamiento, la investigación, la ciencia, la tecnología, el
laboratorio indispensables para dar con los culpables de un delito. Y sobre
todo, olvidaron la formación ética y jurídica de los encargados de aplicar
la ley, una ley que no conocen.
La reportera Karina Soriano, de Crónica, encontró un memorándum por el que
Carlos Paniagua, director de Servicios Legales del DF, previno, desde hace
tres años, al director de Servimet, empresa de la que, según la nota, López
Obrador es presidente del Consejo de Administración: “No omito manifestar a
usted que en caso de no acatarse lo dispuesto por el juez... se puede hacer
incurrir al jefe de Gobierno en una violación a la suspensión definitiva
concedida, lo cual trae como consecuencia que se le considere como
desacato.” La advertencia a la empresa constructora tiene número de oficio
DGSL/248/2001, dice la reportera. Al parecer no agradeció el jefe de
gobierno ese intento por ahorrarle el conflicto que hoy vive, pues el
director de Servicios Legales del DF pasó a ser “ex”.
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