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La calle-Luis González de Alba
Desacatos intencionales
Publicada el 21 de febrero de 2005
Quienes piden ganar a López
Obrador en las urnas y no en los tribunales deberían responder antes la
siguiente pregunta: Si en plena campaña presidencial un candidato atropella
a un peatón, ¿no debe llevársele a juicio para que no se diga que le ganaron
“a la mala”? O más real: cuando un precandidato, popular en las encuestas,
infringe la ley, ¿no debe ésta aplicarse? Ésa es la pregunta clave. Y hay
más: que López ponga a trabajar miles de burócratas en su campaña, ¿no es un
delito, uno más, porque se trata de él? ¿No lo es ya el desvío de recursos
públicos con fines personales? ¿En dónde termina su defensa y comienza su
campaña presidencial? En 1968, los burócratas obligados a manifestarse en
contra de aquel movimiento estudiantil tuvieron la osadía de salir al son
de: “Somos borregos, beee, somos borregos, beee.” El desagravio a la actual
autoridad, con el mismo abuso de los empleados públicos, ¿debe aplaudirse?
Los camisas negras ya comenzaron a golpear, la primera fue la diputada del
PAN Gabriela Cuevas Barrón, quien acusa a la diputada por el PRD Dolores
Padierna de la autoría intelectual del ataque por 300 rabiosos defensores
del fuero-impunidad para las autoridades.
A qué le tira AMLO. ¿En qué pensaba el alcalde del DF cuando pasaba sobre
mandatos judiciales y amparos? ¿Hubo planeación maquiavélica de su elevación
a los altares del martirio? El pueblo mexicano, para el que la corrupción es
consustancial, apenas comienza a aprender que la ley también se aplica a los
gobernantes.
Se creía que no: uno era diputado para echar tiros en las cantinas, no pagar
la cuenta alegando fuero y pasarse los altos. Si no, qué chiste.
Todavía piensan así diputados del PRD memorables por su folclor. De ahí que
no se considere grave que la autoridad viole un amparo: lo grave es que nos
deje de dar lo que nos da. Esa debilidad de “la gente” es bien conocida por
López.
Pero no podemos olvidar que el amparo es la defensa del ciudadano contra los
abusos de la autoridad. Por ese motivo la izquierda ha sido particularmente
respetuosa de esa ley. La derecha, siempre a la defensa de la autoridad, ha
buscado su desaparición. No lo ha dicho López Obrador con esas palabras,
pero sí que debe reformarse la ley de amparo: una vieja demanda levantada
por la derecha.
Condenamos por decenios desde la izquierda la asignación sin concurso de
obra pública a los cuates. Los diarios de izquierda denunciaban el hecho. Ya
no. Ahora está bien. Lo que era malo en el PRI no lo es en el PRID-Gobierno.
El asunto no es elegir el mejor campo de batalla, las urnas o el juicio,
sino, en frío y a ciegas, determinar si hay o no al menos sospechas, dudas,
barruntos de que una autoridad, X autoridad, cometió un ilícito.
Entonces se le entrega a los tribunales, como a cualquier ciudadano, para
que determinen su culpa o inocencia. ¿Sí, pero no cuando es nuestro gallo?
Si no hubo desacato en el asunto de El Encino, lo acaba de cometer AMLO
frente a todos los periodistas asistentes a su conferencia. La nota de
Manuel Durán en Reforma informó este 15 de febrero que de nueva cuenta se
prohibió el paso a la conferencia de prensa matutina a dos diputados de
oposición. Sería grave el hecho en sí mismo, pues indica el grado de
autoritarismo de López Obrador: ningún gobernante del reinado priista se
atrevió a tanto. Pero es además otro desacato al Poder Judicial porque los
diputados Gabriela Cuevas (la después golpeada por una turba defensora del
fuero-impunidad) y Jorge Lara iban provistos de un amparo, dado que ya en
otras ocasiones les habían negado el paso.
López hizo amplia burla del hecho y sobre el cinismo cargo saña: negó que
llevaran amparo porque de ser así “eso constituiría otro desacato y, ¿se
imaginan? Ay, ay, ay, ay”. ¿No hubo? Según la nota, el amparo fue concedido
por el Juzgado 13 Colegiado Administrativo de Primer Circuito. Lo más
vergonzoso del asunto es el silencio: los medios “premiados” con el derecho
a escuchar al caudillo fueron incapaces de protestar ante él por una medida
que, sin amparo, es indigna de un gobernante. Y con amparo es un nuevo
desacato. Si puede haber duda sobre la suspensión o no de las obras viales,
materia del desacato que López et. al. alegan no haber cometido, no queda
ninguna duda sobre este último.
Esto hace suponer que López actúa con entera alevosía y ha cometidos sus
desacatos a mandatos judiciales con plena intención.
Y que hay más fondo: por eso la aplanadora del PRID-Gobierno en la Asamblea
Legislativa frenó 24 auditorías que debía realizar la Contaduría Mayor de
Hacienda. Eso se llama transparencia: ya son todo aquello contra lo que
estuvimos a los 20 años, diría J. E. Pacheco: chamberos, enamorados del
poder, corruptos en lo económico y envilecidos en lo moral porque son
capaces de asociarse con sus peores enemigos para alcanzar una gubernatura,
demagogos, abusivos, mayoriteros, autoritarios. El PRD original ya no
existe: ha sido expropiado por el PRI. Todo el priismo resentido se ha
volcado en un membrete vaciado de su contenido fundador.
Elogio de la militancia
Pongámoslo así: Sea P un político cuyo nombre ignoramos. Sea S un
subordinado de P que es, además, el hombre de todas las confianzas de P, el
encargado de las grillas más delicadas. Si S resulta un corrupto redomado, P
sólo puede pertenecer a dos categorías: la de los corruptos o la de los
estúpidos.
Se llama “duda razonable” o extender “el beneficio de la duda” al cheque en
blanco que firmamos ante una persona que no ha dado motivos para desconfiar
de su honestidad. Si descubrimos que su favorito es un bribón, no
necesariamente lo es el jefe. Pero cuando el bribón no es destituido de
inmediato, no en un caso ni en otro ni en otro; cuando vemos al jefe entrar
a su defensa, cuando se hace lo posible por evitarle la cárcel, la duda es
oportuna. Si además la autoridad pide “no linchar” a su secretario de
Finanzas, cogido in fraganti jugando en casinos lujosos dinero que no puede
tener; si la autoridad le permite escapar; si otro pillo, el delegado en la
Gustavo A. Madero también “escapa”; si no hay licitaciones para obras del
DF. Entonces, seguir concediendo “el beneficio de la duda” contra todas las
evidencias en contrario, es prueba de militancia. Lo cual no está mal: todos
tenemos ese derecho. Pero se llama militancia. Y no hay por qué
avergonzarse.
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